“… No vamos a permitir que con trampas y argumentos leguleyos dejen sin representación a 90 millones de mexicanos en un proceso tan importante como analizar para próximos procesos electorales la validez de esta elección judicial. Se juega la configuración del tercer poder del Estado. Vamos en representación de los 90 millones de mexicanos que repudiaron esta elección, a tocarle la puerta a los órganos jurisdiccionales para que escuchen a los que no han sido escuchados en esta monumental farsa judicial…”.
Roberto Gil Zuarth. Representante jurídico del PAN. 19 de junio de 2025.
Como era de esperarse la fachiza representada en el PAN, el PRI y los medios de manipulación masiva se lanzaron contra los resultados de la elección extraordinaria a cargos del Poder Judicial realizada el día 1 del mes en curso. Una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la entrega de constancias de mayoría a ministras y ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las magistraturas que formarán parte del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la revancha derechista se abrió paso en los medios corporativos, siempre a su disposición.
El PRI desde las instalaciones del INE, en voz de Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó el 16 de junio un mensaje en el que llamó a “defender la democracia”, su democracia claro está; agregó: “lo que ocurre en México es muy grave, es romper el régimen de libertades”, libertades a las que estuvieron acostumbrados por décadas y gracias a las cuales se apoderaron del país.
Moreno Cárdenas continúa: “Por eso acudimos aquí al INE a presentar esta impugnación como ciudadanos, porque conocemos la ley, porque tenemos claros los alcances que nos da la Constitución”, este personaje vocifera y hace alarde de su ignorancia. Lo que señala como “alcances”, debería referirlos específicamente a la reforma al Poder Judicial, pues son claros los planteamientos constitucionales en esa materia. Señala que la presentan para que resuelva el TEPJF y que lo hacen con “responsabilidad, pruebas y con argumentos de que tienen la razón”.
Cierra afirmando que la impugnación “se basa en la mayor violación a los principios constitucionales, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho, este proceso consumó una imposición desde el poder, desde el gobierno de Morena”. En sus afirmaciones, Alejandro Moreno pasa por alto al menos dos hechos democráticos esenciales: el mandato del pueblo que entendió muy bien la estrategia electoral conocida como Plan C cuando el 2 de junio de 2024, a través de su voto mayoritario, eligió la continuación de la 4T y otorgó la mayoría calificada para hacer posibles las reformas constitucionales requeridas; pero también ignora el largo proceso en el que las oposiciones tuvieron los escenarios en tribuna, en consultas, foros y en las calles, sin que con ello lograran impedir la reforma al Poder Judicial. Para su pesar la “influencia” de la fachiza está cada vez más disminuida.
El PAN por su parte, también se lanzó contra los resultados de la elección. Roberto Gil Zuarth representante jurídico anunció que solicitarán a la Sala Superior del TEPJF y a la SCJN la anulación de la elección judicial. Sustentarán su impugnación en, según la derecha azul, “el cúmulo de irregularidades detectadas desde la reforma hasta la jornada electoral”. Curioso que las supuestas irregularidades comprendan el proceso relacionado con la reforma al Poder Judicial. Lo cuestionan todo. Sin embargo, para información de estos personajes, es un hecho irreversible. ¡Señores azules la reforma al Poder Judicial YA ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN! ¡La SCJN NO TIENE NINGUNA COMPETENCIA EN PROCESOS ELECTORALES!
La secretaria de Comunicación y Difusión del partido Morena, Camila Martínez, a través de un video publicado en Tik Tok, cuestiona las impugnaciones presentadas como si fuese un ejercicio ciudadano y le pone nombres a las cabezas visibles de la derecha que mantuvo secuestrado el Poder Judicial durante décadas. Agregó que junto con ese poder la fachiza controló a los otros dos del Estado mexicano, es decir al Ejecutivo y al Legislativo. Pero a lo largo de esos años cuando los tres poderes recaían en el prianismo, no había dictadura ni acumulación excesiva del poder. ¡En verdad son unos sinvergüenzas!
Vayamos a la delimitación que hace Camila Martínez en la cual vincula a las “organizaciones ciudadanas” con intereses partidistas y empresariales. Inicia con la organización cuyo acrónimo es “Projuc” entre cuyos integrantes se encuentra Max Kaiser, contralor de la secretaría de la Función Pública con Calderón, y coordinador de temas anticorrupción de la señora Gálvez.
José Mario de la Garza Marroquín cofundador, del “Consejo Nacional de Litigio Estratégico”, junto con Claudio X. González, Fernando Gómez Mont, otrora titular de Gobernación con Fecal; Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Coparmex, actual diputado por Movimiento Ciudadano, Lía Limón, ex alcaldesa del PAN en Álvaro Obregón y Mariana Calderón Arámburu opositora a los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos, todos ellos canalizaron decenas o tal vez centenares de amparos en contra de obras de infraestructura, reformas, cambios legislativos, políticas públicas, etc., llevadas a cabo por AMLO.
La secretaria de Comunicación también menciona a “Poder Ciudadano Mx” cuya imagen visible es Gabriela Sterling, además cofundadora de “Unid@s” y promotora de la campaña de Gálvez. En el consejo de “Poder” se encuentran también Alejandra Latapí y Carlos Arángulo Parra, ambos integrantes también del equipo de Gálvez. “Laboratorio Electoral” otro membrete de la derecha, sumado a la impugnación de la elección, encabezado por Arturo Espinoza Silis, exsecretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también parte de “Poder Ciudadano”.
Termina Martínez mencionando a “Defensorxs” encabezada por Miguel Alfonso Meza, ex vocero de Álvarez Maynez, durante su campaña presidencial, y por Luis Manuel de León, asesor del diputado de ese partido, Braulio López Ochoa. Todo esto es a lo que opinólogos, medios de manipulación y partidistas identifican como “organizaciones ciudadanas”.
Cierro mi colaboración semanal con algunos de los planteamientos formulados por Andrés García Repper, integrante del comité de evaluación del Poder Legislativo responsable de recibir, analizar y valorar a los aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en la entrevista que Álvaro Delgado le hizo el 20 de junio en Los Periodistas.
A pregunta acerca del futuro que, desde su perspectiva, tienen las impugnaciones presentadas García Repper señala que debe tenerse claro que en esta elección los partidos políticos no participarían ni como actores ni con representación en el Consejo General del INE, por tanto, al no estar de por medio derechos político-electorales de los partidos, ningún partido tiene interés jurídico en la elección. Quienes sí lo tienen son las personas candidatas que se sientan afectadas, es decir los interesados.
García Repper puso énfasis en “argumentos” que la narrativa derechista ha incluido en sus alegatos cuando afirma que “la elección no me gustó, porque yo vi que había ‘acordeones’, o porque el 80% de los candidatos coincide con la mayoría de los acordeones”, lo cual “no será suficiente para que el tribunal sancione una demanda frívola”.
Además, a propósito de lo planteado por el PAN citado líneas arriba, García recorre todos los cuestionamientos primero a la reforma constitucional, luego a la integración y al trabajo de los comités de evaluación y ahora a los resultados electorales.
Como vemos en el tema de la elección judicial, de nueva cuenta la narrativa derechista echa mano de sus “argumentos” para sembrar dudas e incertidumbre entre quienes aún se identifican con su muy particular visión de la “realidad”. El meollo del asunto está en la manipulación reaccionaria en la cual “la verdad puede ser una mentira o una mentira puede ser una verdad”. La normalización derechista es sembrar la confusión que impida identificar la verdad entre tantas mentiras.
La experiencia del 1 de junio de 2025 sentó un precedente no solo en México sino a nivel mundial. Los fachos del país ya no, repito, ya no podrán controlar al Poder Judicial y menos aún obtener fallos favorables a sus intereses económico-políticos a los que estuvieron tan acostumbrados por décadas, o por lo menos habrá una estructura judicial que vigilará el apego a la legalidad en la aplicación de la justicia y millones de electores cuyas denuncias serán ahora sí escuchadas y debidamente procesadas de acuerdo a sus derechos.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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