En medio de la controversia sobre la entrada en vigor de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha adoptado una postura que deja en claro cuáles son sus prioridades: proteger los privilegios de los jueces y magistrados. Según reportes de La Jornada, el pasado 11 de septiembre, el CJF aprobó por unanimidad un sistema que asegura compensaciones vitalicias para estos funcionarios, compensaciones que se suman a las pensiones que ya reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Este nuevo esquema permitirá a jueces y magistrados recibir entre un 45% y un 80% de sus ingresos como pensión complementaria, según su antigüedad y edad. No es casualidad que esta medida se implemente justo antes de que se extingan los fideicomisos del Poder Judicial como parte de la reforma que ya fue avalada por el Congreso de la Unión y más de 20 congresos locales.
Sueldos excesivos y privilegios blindados
El CJF cuenta con 768 jueces de distrito y 951 magistrados, quienes perciben salarios netos mensuales de 139 mil 210 pesos y 152 mil 531 pesos, respectivamente, según los datos del propio Consejo. Con sueldos que están muy por encima de la media nacional, estos servidores públicos aseguran ahora pensiones adicionales millonarias que estarán respaldadas por un fondo de 5 mil 191 millones de pesos.
Este plan de compensaciones vitalicias otorga a los jueces y magistrados la posibilidad de jubilarse de forma anticipada a los 55 años o menos, siempre que hayan trabajado entre 25 y 35 años. Así, podrán obtener entre un 45% y 80% de su pensión complementaria, dependiendo de su edad y años de servicio, un beneficio considerablemente superior al que ofrece la Ley del Issste, que establece la jubilación a los 58 años para hombres y 56 para mujeres.
¿Interés público o protección de intereses privados?
La medida adoptada por el CJF parece centrada en garantizar que los jueces y magistrados mantengan sus privilegios, incluso cuando las finanzas públicas no deben soportan fuertes cargas para sostener a unos cuantos. Los porcentajes establecidos para las pensiones complementarias aseguran que los funcionarios del Poder Judicial tengan un retiro cómodo y lleno de lujos, con beneficios adicionales que no están al alcance del resto de los servidores públicos.
El acuerdo del CJF reformó el artículo 73, estableciendo condiciones aún más favorables para estos funcionarios, diferenciándose de la Ley del Issste al exigir un mínimo de 25 años de servicio para el retiro voluntario, sin importar la edad. La intención es clara: asegurar un retiro sin preocupaciones económicas, a expensas del erario público.
Privilegios intactos
A pesar de que la Reforma Judicial traerá consigo la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, lo cierto es que los jueces y magistrados han encontrado la forma de blindar sus pensiones complementarias. Aunque el sistema de compensaciones anterior contemplaba la jubilación forzosa a los 75 años, con una compensación del 80%, este nuevo acuerdo les permite retirarse mucho antes y con condiciones más favorables.
Si bien el acuerdo menciona que busca garantizar una jubilación “digna” para estos funcionarios, lo cierto es que los privilegios que obtienen están muy por encima de lo que podría considerarse un retiro digno en el contexto de la mayoría de los trabajadores mexicanos.
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