La Reforma al Poder Judicial fue aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de una tumultuosa y larga sesión, además de un violento asalto a la sede principal del Senado de la República, en un vano intento por frenar su aprobación el 11 de septiembre de este año. Una vez aprobada y publicada, la oposición, trabajadores del Poder Judicial y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han hecho hasta lo imposible por frenar su entrada en vigor. No olvidemos, que un juez de Distrito ordeno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, por lo que fue rechazado por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El pasado 17 de octubre, Nancy Flores Salas, jueza del juzgado décimo noveno de distrito, con sede en Veracruz, “ordenó” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar el decreto mediante el cual se promulgó la reforma constitucional al Poder Judicial. ¿Una jueza está facultada para promover un juicio de amparo en contra de una reforma constitucional? No, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en ciertos casos, como las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más aún cuando estas han sido aprobadas por el Poder Legislativo, promulgadas por el titular del Poder Ejecutivo y publicadas en el DOF, como ocurrió el pasado 15 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de la Dra. Sheinbaum Pardo firmó el decreto para la publicación de la reforma.
La mandataria federal detalló que no está cometiendo desacato y que la jueza Juárez Salas se está extralimitando al ordenar que se elimine del Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial sobre la reforma judicial. “No, hay que leer el artículo 61, donde se habla de la improcedencia en la Ley de Amparo. Aprovechó para decirles que el 1 de junio de 2025 todo el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esa fue la decisión del pueblo, por eso cambió la Constitución” ratificó la mandataria.
Del 2004 hasta el 2023, se presentaron más de 38 mil quejas en contra del Poder Judicial de la Federación y aproximadamente el 86% fueron desechadas sin iniciar una investigación formal. Más aún, de enero a septiembre del 2023, se han reportado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y ninguno ha sido sancionado.
Hay una consigna política en jueces, magistrados y ministros de la Corte porque no defienden a la Constitución, sino sus privilegios, defienden a los poderosos, a los poderes fácticos al servicio de Washington y sobre todo, defienden su ignorancia porque llegaron por “dedazo”, es decir, el nepotismo, de acuerdo a las estadísticas ha habido funcionarios judiciales que estando en niveles bajos, de la noche a la mañana llegaron a ocupar cargos que no correspondían a un escalafón.
No hay que caer en engaños, la Reforma al Poder Judicial de la Federación fue completamente legal, porque se respetaron todos los procedimientos y es el fruto de 36 millones de mexicanos y mexicanas que votamos por la continuación de un proyecto iniciado en el 2018. Por lo jueces, magistrados y ministros deben de cumplir con la Constitución y con los preceptos que la nación demandan.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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