Este jueves se reanudó la audiencia inicial contra cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quienes enfrentan acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, determinará si se vincula a proceso a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP. Se les señala por un daño patrimonial al estado superior a 3 mil 400 millones de pesos.
Asimismo, la jueza decidirá si los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, medida que les fue impuesta el pasado fin de semana durante la audiencia de imputación. En caso de que sean vinculados a proceso, se otorgará el plazo para la investigación complementaria, etapa en la que las partes recabarán más pruebas y profundizarán en los elementos de la carpeta de investigación.
Aureoles y más exfuncionarios, prófugos de la justicia
Mientras sus excolaboradores enfrentan la justicia, Silvano Aureoles Conejo continúa prófugo, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública de Michoacán y Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, quien fue designado notario público por el propio Aureoles poco antes de concluir su mandato. Según las autoridades, Loaiza Gómez viajó a Argentina, aunque aún no ha sido localizado.
Aureoles y sus exfuncionarios son señalados de una operación irregular relacionada con el arrendamiento y posterior compra de inmuebles para la instalación de siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles fueron arrendados por períodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, empresa creada en 2015 y beneficiada mediante adjudicación directa, lo que ya evidenciaba irregularidades en la gestión de los recursos públicos.
Sobreprecios millonarios en la compra de cuarteles
Los costos de los inmuebles ascendieron a:
- Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos
- Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos
- Huetamo: 128 millones 277 mil pesos
- Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos
- Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos
- Uruapan: 268 millones 624 mil pesos
- Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos
Sin embargo, peritajes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron que en cada operación hubo sobreprecios millonarios, destacando:
- Lázaro Cárdenas: 163.4 millones de pesos adicionales
- Coalcomán: 116 millones
- Zitácuaro: 103.8 millones
- Jiquilpan: 90.4 millones
- Apatzingán: 76 millones
- Uruapan: 64.2 millones
- Huetamo: 37.4 millones
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