La presidenta Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard firmaron un decreto que establece un aumento del 35% en los aranceles a las mercancías confeccionadas y un 15% a la importación de productos textiles. Esta medida tiene como objetivo garantizar condiciones equitativas para las empresas nacionales, combatir abusos en las disposiciones vigentes y proteger cerca de 400,000 empleos que dependen del sector textil, considerado estratégico para la economía mexicana.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, detalló que esta política busca corregir un problema en el programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). Según explicó, dicho programa permitía la importación de productos bajo el esquema de insumos intermedios exentos de impuestos, pero algunos de estos productos terminaban siendo comercializados en el mercado nacional sin cumplir con los requisitos establecidos.
“Con estas acciones cerramos una puerta que dejaba en desventaja a las empresas mexicanas, permitiendo la entrada de productos terminados que evadían impuestos y competían de manera desleal”, declaró Ebrard durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 19 de diciembre.
El secretario también abordó el tema del contrabando técnico, una práctica en la que las empresas declaran sus importaciones como temporales con el objetivo de evadir impuestos, pero posteriormente comercializan los productos en el mercado interno. Ebrard destacó que se han detectado irregularidades en al menos el 40% de las agencias aduanales revisadas, lo que ha llevado al retiro de siete patentes de agentes aduanales implicados.
“En este caso, le llamamos un contrabando técnico. Las empresas engañan a la autoridad declarando una importación como temporal, pero en realidad los productos terminan en el mercado nacional. Esta puerta se está cerrando con medidas más estrictas para asegurar el cumplimiento de las normas y sancionar estas prácticas”, explicó el secretario.
Además, señaló que se han implementado operativos adicionales para combatir la piratería y garantizar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial, reforzando así el marco regulatorio en el comercio exterior.
Con estas acciones, el gobierno busca atender los problemas detectados en el sector y apoyar a las empresas nacionales que se han visto afectadas por prácticas comerciales desleales.
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