En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de llevar los programas sociales del Bienestar a rango constitucional, destacando la importancia de garantizar estos apoyos como derechos fundamentales para la ciudadanía. Según Sheinbaum, esta reforma permitirá que cualquier presidente o presidenta que suceda a su gobierno deba cumplir con estos programas, asegurando que “los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir con lo mínimo indispensable.”
Sheinbaum subrayó el impacto positivo de estos programas en la reducción de la pobreza, tal como los implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta también señaló que esta medida permitirá que los apoyos sociales como las pensiones y subsidios sean inalterables por futuras administraciones, defendiendo su permanencia como derechos constitucionales para todos los ciudadanos.
Durante la conferencia, la presidenta exhibió al Partido Acción Nacional (PAN) por su reciente voto en contra de la reforma en la Cámara de Diputados, aludiendo a la importancia de que “quede registrado en la memoria de todos los mexicanos”. En su opinión, esta oposición demuestra una falta de compromiso con los sectores más vulnerables de la población.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que, una vez que la reforma reciba el aval del Senado y de los congresos estatales, la pensión para personas con discapacidad se extenderá a todas las personas de 0 a 65 años, independientemente de su condición económica, haciendo este apoyo verdaderamente universal.
La funcionaria añadió que el modelo que el gobierno federal está implementando “ha demostrado que es el método para reducir la pobreza” en el país, por lo que considera crucial que se garantice su continuidad mediante la reforma constitucional. Los programas del Bienestar, según Montiel, brindan soporte a las personas en situaciones de vulnerabilidad, y su permanencia en la Constitución ayudará a que estos derechos se mantengan sin alteraciones en futuras administraciones.
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