En respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero, titular del programa Sin Máscaras, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus dudas sobre la posible renuncia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una decisión que podría tomarse el 29 de octubre. La presidenta sugirió que esta renuncia, de concretarse, respondería al interés de los ministros por asegurar sus haberes de retiro, un beneficio económico considerable contemplado en la normativa de la reciente reforma judicial.
Sheinbaum explicó que, según el artículo séptimo transitorio de la reforma, quienes permanezcan en sus puestos hasta concluir el mandato y no participen en la elección extraordinaria de 2025, perderían el derecho a los haberes de retiro, salvo que renuncien antes de la fecha límite. “Si no presentan ahora su renuncia, ya no tendrían los haberes de retiro”, señaló, subrayando que este beneficio implica una suma considerable que los ministros podrían asegurar solo si deciden retirarse antes de tiempo.
Además, la mandataria federal reiteró sus reservas sobre la acción de inconstitucionalidad que se ha promovido en torno a la elección de jueces y ministros. Según Sheinbaum, el recurso, impulsado por partidos de la oposición, no tendría validez, ya que quienes lo promovieron carecen de personalidad jurídica para impugnar la reforma. La presidenta subrayó que este tipo de acciones legales requieren representación legítima y, en su opinión, esta condición no se cumple en este caso.
“Vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros y ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo, todos los profesionales del Derecho saben que esta propuesta no es correcta”, indicó Sheinbaum, sugiriendo que la Corte tiene el conocimiento necesario para resolver adecuadamente el tema y desestimarlo de ser necesario.
En cuanto al contexto del fallo, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá considera que algunas disposiciones de la reforma pueden vulnerar los principios de independencia judicial y división de poderes. Sin embargo, la propuesta se enfoca en invalidar la elección de jueces y magistrados, sin afectar la elección de ministros que está prevista para el 1 de junio de 2025.
La posición de Sheinbaum refuerza el compromiso del Ejecutivo con la reforma judicial y deja en claro la importancia de preservar el proceso legislativo sin intervenciones externas que pudieran, según ella, distorsionar su propósito.
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