Después de casi tres meses de paro de labores, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Lázaro retomaron sus actividades, dejando un gran retraso en miles de trámites ciudadanos acumulados. Mientras los empleados celebraban su regreso con mariachi y un homenaje a jueces y magistrados que rechazan la reforma judicial, abogados y ciudadanos aguardaban largas horas en fila para presentar expedientes retrasados. La celebración resultó un contraste polémico ante la desesperación de quienes sufrieron las consecuencias del paro.
El paro, impulsado por empleados inconformes con una reforma que propone democratizar y modernizar el sistema judicial, dejó a miles de ciudadanos sin acceso a procesos básicos y sin la posibilidad de resolver sus casos legales en tiempo y forma. Para muchos, como el abogado Edgar Daniel, el regreso de los servicios llegó tarde. Edgar acudió a la sede de San Lázaro cargado de decenas de expedientes de amparo acumulados durante el paro, y comentó que la situación ha generado un enorme estrés tanto para él como para sus clientes.
“Es bastante trabajo, aquí son alrededor de 70 expedientes, aunque nos faltan alrededor de 30 más. Voy a tardar como unas tres horas para ingresarlos. Todo es carga de trabajo acumulado durante el paro en el Poder Judicial, ya que seguíamos trabajando. Veo muy bien que ya haya actividades pues el país no se puede quedar sin leyes y justicia. Los clientes estaban bajo la incertidumbre de cuándo iban a ingresar, pues su seguridad integral seguía en la incertidumbre”, señaló un abogado que llegó a entregar 100 expedientes
En el patio principal del edificio, en lugar de un enfoque en agilizar la atención a los afectados, se organizó un desfile en honor a jueces y magistrados que renunciaron a participar en las elecciones de 2025, calificando la reforma como un “engaño”. Con mariachis y discursos sobre la “independencia judicial”, algunos trabajadores expresaron su rechazo a una reforma que, según ellos, amenaza la estabilidad del sistema. Sin embargo, este acto fue criticado como una muestra de desconexión total con el sufrimiento de la ciudadanía.
La secretaria Patricia Aguayo Bernal, autoproclamada representante de los trabajadores, señaló que el rechazo a la reforma continuará, a pesar del caos que ha generado en el acceso a la justicia. Argumentando que los jueces y magistrados que se opusieron a la reforma actuaron con “valentía”, Aguayo pareció ignorar el daño ocasionado por la acumulación de trámites y la incertidumbre que miles de personas enfrentaron. Mientras tanto, ciudadanos y abogados coinciden en que estos caprichos de algunos trabajadores del PJF han afectado gravemente a la sociedad y retrasado el avance de una reforma necesaria para democratizar y hacer más accesible el sistema judicial mexicano.
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