Ayotzinapa: el informe y la “verdad histórica”

Opinión de Juan Rosales

“…ya dimos un paso más, lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley, queremos justicia, 
no nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron esos hechos del 26 de septiembre del 2014, 
pero sí queremos saber la verdad…”. Cristina Bautista, madre de Benjamín.

“La verdad es mi verdad”. Jesús Murillo Karam.

Los medios corporativos, sus voceros y políticos de la oposición se han dedicado a afirmar, sin ningún sustento como usualmente lo hacen, que el informe presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Gobernación, y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa1 (CoVAJ), Alejandro Encinas, no aporta ninguna novedad con respecto a la llamada “verdad histórica”. 

Sin embargo, tal aseveración tiene como único propósito distorsionar la realidad y confundir a la población ya que el informe de la CoVAJ Ayotzinapa es muy claro al asegurar categóricamente lo siguiente: la desaparición de los 43 jóvenes constituyó un crimen de Estado, en ningún momento los muchachos estuvieron juntos, se realizó un operativo para dispersarlos y desaparecerlos en grupos, los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, en los hechos no solamente participaron delincuentes del grupo “guerreros unidos” sino también agentes de diversas policías, así como autoridades de distintos niveles del Estado Mexicano. 

Es importante destacar que la diferencia más notable entre el informe presentado por la CoVAJ y la llamada “verdad histórica” queda expuesta a partir de que ésta se armó mediante testimonios obtenidos bajo tortura, con el objeto de evitar la investigación profunda. Asimismo, que la Comisión pretende el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la justicia, por lo que su reciente informe da cuenta de los avances en el logro de esos propósitos. Como lo afirmó Encinas: No estamos cerrando —como alguien lo ha señalado— la investigación, sino que, toda esa investigación, continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables.

El subsecretario de Gobernación aportó destacados elementos al realizar una detallada explicación del multicitado informe el viernes 26 en la conferencia matutina del presidente. Afirmó que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca (A1 en el informe) quien está actualmente preso, fue quien ordenó el asesinato de los estudiantes con la participación de dirigentes de “guerreros unidos”en coordinación con otras autoridades, lo cual forma parte de la investigación que aún se realiza. 

Por otra parte, Encinas señaló que la …verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas, es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen… Y reiteró …  particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas… Con estas aseveraciones se confirma que en la creación de la versión oficial, promovida por el gobierno de Peña Nieto, la responsabilidad puede llegar incluso al propio expresidente. 

Por otra parte, considero que en sus presentaciones el subsecretario Encinas no ha sido todo lo enfático que debiera, tal vez para evitar un conflicto abierto contra algunos jueces, en acusar el papel de los representantes del poder judicial como el principal obstáculo en la investigación. En el informe de la CoVAJ bajo el título Judicialización se describen las dificultades que han enfrentado. 

Los obstáculos han consistido en lo siguiente: 1) radicación de los procesos judiciales en siete juzgados de siete entidades del país; 2) los padres de los estudiantes han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una jurisdicción única para el caso, lo cual no ha sido atendido; 3) dos sistemas procesales distintos, inquisitivo y acusatorio; 4) criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley.

En cuanto a la actuación de los jueces, el informe identifica por sus propios nombres y juzgados a los siguientes destacando sus decisiones: Juez Samuel Ventura Ramos. a) liberación de 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sufrido tortura, sin haberle dado vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura; b) le ha restado valor a las pruebas obtenidas por cooperación internacional como las escuchas que realizó la DEA en Chicago; c) liberación de Xóchitl N, radio operadora del C4 en Iguala la noche del 26 de septiembre. 

Juez Enrique Beltrán Santes. Desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad, negándose a aceptar que por seguridad en las diligencias se distorsionen voz e imagen ya que “no escucha con claridad”.

Juez José Álvaro Vargas Ornelas. Negativa a atender los asuntos que se le presentan bajo la justificación de “falta de competencia territorial”. Juez César Chávez Souverbille. No asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal. 

Juez Gabriel Domínguez Barrios. Liberó con fianza de 10 mil pesos a un sospechoso que había sido deportado de EUA, detenido en la frontera norte, con lo que se permitió su evasión de nueva cuenta. Juez Oscar Alejandro López Cruz. Considera que el delito de desaparición forzada es prescriptible. 

La Magistrada Lambertina Galeana ordenó la destrucción de los videos grabados por las seis cámaras exteriores del Palacio de Justicia de Iguala argumentando que las imágenes no eran claras por “problemas técnicos”. 

En el caso de la Fiscalía General de la República tras un largo proceso de investigación la CoVAJ le proporcionó información de ubicación y movimientos de Juan Salgado Guzmán, operador de “guerreros unidos” en el norte de Guerrero y el sur del Estado de México. Un fallido operativo realizado con el propósito de su detención, en septiembre del 2021, derivó en un enfrentamiento en el que existieron diversas irregularidades como falta de planeación y uso excesivo de fuerza, lo que derivó en que una vez sometido Salgado fuese ejecutado. 

Cabe recordar que López Obrador coincidió con el ministro Saldívar acerca de la necesidad de llevar a cabo el saneamiento del poder judicial, en el que por cierto se encuentran estratégicamente ubicados los principales aliados de los opositores a la 4T, aunque hasta la fecha no se observa ningún avance en aquel sentido. Solo por citar un tema el 5 de septiembre próximo se votará en el pleno de la SCJN si se declara inconvencional la prisión efectiva oficiosa. AMLO ha señalado que es fundamental la existencia de esa figura en ciertos delitos. Incluso, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirma que acabar con la prisión preventiva, pondría fin a la estrategia de seguridad. No perdamos de vista la actuación del poder judicial en este asunto. 

Ante la creciente recurrencia al tema del lawfare o sea persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política, que se ha aplicado en otros países latinoamericanos en contra de líderes de izquierda y gobiernos populares, más recientemente a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, es menester no perder de vista la actuación de Ministros, Magistrados y Jueces de nuestro país. En este contexto Fernando Buen Abad, doctor en Filosofía, en entrevista el 24 de agosto con Julio Hernández Astillero, afirmó que en el “imaginario” de Claudio X. González está el “sueño” de alguna especie de “golpeo judicial” contra AMLO a partir del tema del gasto en obra pública, por ejemplo. Aquí el enlace de ese encuentro https://youtu.be/K1uSmOL-K6Q

No quiero dejar de mencionar que en la sección del informe “La Verdad histórica: una acción concertada desde el aparato organizado del poder”, luego de referir los participantes en su implementación, iniciando con el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el párrafo siguiente enlista nombres de los señalados como enlaces operativos para desarrollar la investigación y ahí se menciona al entonces Comisario Estatal de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch. 

El ahora secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la CDMX, se deslindó de haber participado en reuniones relacionados con los lamentables hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, dado que ya no se encontraba en Guerrero pues a principios de ese mes había sido comisionado al estado de Michoacán. En ese sentido y para confirmar lo dicho por García Harfuch el abogado Cesar Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, en su cuenta de Twitter @cesargutipri ofreció detalles con fechas y números de oficio, incluso, que confirman lo anterior. 

Les dejo el enlace del artículo La realidad respecto Omar García Harfuch y su participación en el caso Ayotzinapa, publicado el 22 de agosto por el abogado Gutiérrez en el sitio de noticias por internet Te informo 24 horas. En referencia a la campaña en contra de García Harfuch, desplegada por los medios corporativos y destacados comentaristas, en este artículo señala que es “curioso” (entrecomillado mío) que los periodistas de investigación (como Anabel Hernández) no se tomen la molestia de revisar documentos que son de dominio público, por lo que afirma que más que un ataque al secretario de Seguridad Ciudadana lo es a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. https://t.co/Fe4Q9qchAP

Concluyo con lo planteado al final del informe de la CoVAJ Ayotzinapa: … La creación de la ´verdad histórica´ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el nivel más alto del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. 

1http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Informe_Presidencia En este enlace se encuentran tanto el informe como los ocho anexos que lo complementan.

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