En una sesión maratónica de 11 horas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), un proyecto que busca transformar profundamente la estructura judicial de México. La propuesta, impulsada por la bancada de Morena y respaldada explícitamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, introduce un cambio radical: la elección popular de ministros, magistrados y jueces a partir de 2025, con el objetivo de desmantelar lo que han llamado “la aristocracia judicial”.
Elección Popular para Democratizar el Poder Judicial
El dictamen aprobado prevé un proceso extraordinario de selección en el cual los ciudadanos podrán elegir directamente a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 15 magistrados de salas regionales, 448 magistrados de distrito, 378 jueces de distrito, y a los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del nuevo tribunal de disciplina. Este último órgano sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, que será eliminado bajo la nueva reforma.
Este modelo de elección popular promoverá una justicia más transparente y democrática, permitiendo que los jueces y magistrados sean seleccionados por el pueblo y no por intereses políticos o económicos, una práctica que ha predominado en el pasado.
Protección y Seguridad de Jueces en Casos de Alto Impacto
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la inclusión de una figura similar a los “jueces sin rostro”, destinados a resolver casos de alta peligrosidad como delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico. Este mecanismo busca proteger la identidad de los jueces y garantizar su seguridad, estableciendo que, en casos de alto impacto, el órgano de administración judicial podrá tomar medidas especiales para salvaguardar la integridad de los jueces.
Morena defendió esta medida como un paso necesario para romper con los viejos esquemas de privilegios y asegurar que la justicia esté al servicio de la ciudadanía.
Controversias y Oposición de Grupos Conservadores
Las críticas a la reforma han surgido principalmente de grupos conservadores que han sido señalados por perpetuar la corrupción dentro del Poder Judicial. Estos grupos han establecido relaciones estratégicas y corruptas con los órganos judiciales para beneficiar intereses particulares. Un ejemplo reciente de estas acciones es el recurso legal admitido por la ministra Norma Piña del PAN, que ha sido visto como un intento de contraponerse al voto popular y mantener la influencia de estos grupos en la justicia mexicana.
El PRI, PAN y PRD, que todavía no entienden que la 4T gobierna para el pueblo y no para ellos, han calificado el proyecto como una “vendetta” política y han advertido sobre las complicaciones logísticas y de seguridad que implica una elección tan extensa. Argumentan que este tipo de votación masiva podría convertir la elección de jueces y magistrados en un concurso de popularidad, en lugar de centrarse en la experiencia y capacidad judicial, a pesar de que hoy en día es extremadamente difícil que más personas puedan aspirar a estos puestos sin ser cercano a alguien en el poder, debido al fuerte neportismo que se vive.
Hacia un Poder Judicial más Transparente y Democrático
La 4T argumenta que es preferible un sistema judicial dirigido por la voluntad popular que por una élite privilegiada que ha dominado históricamente la justicia en México. Para Medina y otros partidarios de la reforma, democratizar el Poder Judicial es esencial para asegurar que la justicia sea equitativa y accesible para todos los mexicanos.
En conclusión, la aprobación de esta reforma representa un paso significativo hacia la democratización del sistema judicial en México. A medida que se avecina el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, la propuesta seguirá siendo un tema central en la agenda política del país, marcando el inicio de una posible transformación profunda en la administración de justicia.
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