El ministro Alberto Pérez Dayán otorgó una suspensión del Plan B para que no sea aplicada en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.
La Corte dijo que “de no concederse (la suspensión), su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”.
Asimismo, el ministro añadió que “por ende, hasta en tanto se dicte sentencia en este medio de control constitucional, ha lugar a suspender los efectos y consecuencias del decreto para que no rija en las entidades federativas a que se ha hecho referencia”.
Las suspensiones fueron promovidas por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores.
A través de un comunicado, la Consejería calificó esta decisión como “arbitraria e ilegal”.
“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tendría que promover los medios de impugnación que establece la ley reglamentaria comentada más arriba, para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal”.
La Consejería informó que hasta el momento, la Corte no ha notificado al Poder Ejecutivo federal una comunicación oficial que confirme la resolución.
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