De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024 (INEGI), presentados el pasado 18 de julio, al cierre de 2023 se registró un incremento en la capacidad de los centros penitenciarios a nivel nacional, alcanzando un total de 229,032 espacios. Esta cifra incluye tanto los centros federales como estatales, con un aumento significativo en comparación con años anteriores.
El informe detalla que, durante el mismo periodo, la población privada de la libertad también creció, alcanzando las 233,277 personas, de las cuales el 94.3% son hombres y el 5.7% mujeres. Este aumento representa un 3.2% más en comparación con el 2022. Además, se destaca que la mayor parte de esta población se concentra en el Estado de México, con 35,325 personas privadas de la libertad.
Otro aspecto relevante es que más del 37% de la población penitenciaria no ha recibido sentencia, permaneciendo en prisión preventiva. De esta proporción, el 44.3% está bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que el 32.5% en prisión preventiva justificada.
Este censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), busca ofrecer un panorama detallado del sistema penitenciario mexicano, proporcionando datos sobre infraestructura, recursos humanos y el estatus de las personas privadas de la libertad, para el diseño y evaluación de políticas públicas.
La iniciativa de Martí Batres para la CDMX
Después de estos datos del INEGI, se hace necesario destacar el trabajo de la 4T en materia de impartición de justica. A inicios de septiembre, el entonces jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa que aborda temas específicos derivados de la experiencia de abogados, funcionarios públicos, luchadores sociales y ciudadanos. Esta propuesta surge ante la falta de enfoque social en muchas decisiones judiciales, destacando la necesidad de que las autoridades judiciales tengan un mayor sentido de justicia social al dictaminar sentencias. Esta falta de sensibilidad ha generado preocupación, sobre todo cuando las resoluciones no parecen alinearse con los principios de justicia que la sociedad demanda.
El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó que la reforma enviada al Congreso de la Ciudad de México obligará a los jueces a priorizar los principios de justicia social en sus decisiones. Además, recalcó que esta reforma reforzará los principios que guían la función jurisdiccional, permitiendo que se otorgue mayor atención a las personas y grupos en situación de desventaja social. Esto tiene como objetivo garantizar un acceso más equitativo a la justicia en la ciudad, asegurando que los más vulnerables reciban protección adecuada.
La reforma judicial, tal como se detalla, modifica el artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México para incluir principios clave como la igualdad sustantiva, la justicia restaurativa y redistributiva. Estos conceptos se implementarán para crear un sistema que garantice la tutela efectiva de los derechos humanos, especialmente en beneficio de grupos en pobreza, exclusión, marginación o discriminación. Con ello, se pretende reducir las dilaciones indebidas y mejorar el acceso a la justicia para quienes enfrentan condiciones de desventaja.
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