La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad una reforma constitucional que busca ampliar los derechos sociales de personas adultas mayores y con discapacidad. Con 483 votos a favor, los legisladores reformaron los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), estableciendo nuevas garantías de bienestar.
La reforma reduce la edad mínima para que los adultos mayores puedan recibir una pensión de 68 a 65 años. Además, se establece una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Estas modificaciones fueron aprobadas por mayoría calificada, según confirmó el secretario de la mesa directiva, Alan Sahir Márquez Becerra.
“Se emitieron 483 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra. Es mayoría calificada, presidenta”, declaró Márquez Becerra, mientras que la presidenta de la Cámara, María del Carmen Pinete Vargas, ratificó la decisión como aprobada “en lo general y en lo particular”.
Reformas en pro de la rehabilitación y los programas sociales
Otro aspecto destacado es la obligación del Estado de garantizar la rehabilitación prioritaria de personas con discapacidad permanente menores de 18 años. Asimismo, la reforma al artículo 27 eleva a rango constitucional el programa Sembrando Vida, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este programa y otros apoyos dirigidos a campesinos y pescadores, como los precios de garantía para maíz, frijol, arroz, leche y trigo, recibirán reconocimiento constitucional.
Recursos garantizados para cumplir con las reformas
El Estado deberá destinar los recursos suficientes cada año para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la CPEUM. Esto implica que el presupuesto asignado no podrá ser reducido en términos reales, según establece el dictamen aprobado.
En el debate de las reservas, el Pleno también aprobó una modificación impulsada por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT). La legisladora propuso sustituir la frase “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” por “Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada”, promoviendo un enfoque más inclusivo.
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