Maribel Ruiz Manjarrez, funcionaria de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, promovió bajo el carácter de representante legal del gobernador Alfredo del Mazo Maza un recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva que un juez otorgó el 20 de abril para frenar el desarrollo inmobiliario Bosque Diamante, el cual planea destruir más de 180 mil árboles de encino del bosque homónimo e invade el Área Natural Protegida conocida como “Espíritu Santo”, ubicada en el municipio de Jilotzingo.
Dicho proyecto esta a cargo de Bosque Aviva 58, en donde los accionistas son los hermanos empresarios Ricardo y Francisco Javier Funtanet Mange, quienes son cercanos al Grupo Atlacomulco. Justamente, el actual gobernador mexiquense está ligado a esta agrupación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El proyecto inmobiliario fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México en agosto de 2017, a un mes que Eruviel Ávila dejará la gubernatura mexiquense. En este se pretende construir 19 mil 985 viviendas sobre 238 hectáreas de bosques de encino bien conservados, contiguos a la reserva “Espíritu Santo”, lo que implica el derribo de más de 180 mil árboles.
El abogado que logró una sentencia definitiva contra el proyecto, Miguel Miramontes dijo que el Bosque Diamante es el inicio del Bosque de Agua que llega hasta Morelos.
La tala de miles de árboles no solo afectaría a las más de mil 500 especies de flora y fauna del bosque, sino también impactará en el agua que se filtra y cae en las subcuencas hidrológicas Presa Madín y Lago de Guadalupe.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la biodiversidad (Conabio) ha señalado que el proyecto inmobiliario afectará directamente a 143 especies distintas, entre las que hay aves, invertebrados, hongos y plantas que se encuentran en diferentes categorías de riesgo de extinción y algunas son endémicas.
El amparo contra el proyecto se emitió en 2019 por ejidatarios de Jilotzingo, los cuales fueron apoyados por el equipo legal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Sin embargo, tres años después, cuenta Miramontes, MCCI dejó de darle seguimiento al caso, por lo que él retomó el proceso legal, obteniendo la sentencia definitiva.
Consecuencias de los desarrollos inmobiliarios
Organizaciones ambientales, como la Cuenca Madín, han denunciado que los múltiples desarrollos inmobiliarios en los alrededores de la Presa Madín, construidos por los empresario Funtanet Mange, vierten de manera irregular sus desechos en la presa, misma que suministra de agua a diversas zonas del Estado de México, específicamente a los municipios de Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli y los dos con los que colinda.
Además, parte del agua va a la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y actualmente se lleva a cabo una obra para crear una nueva planta potabilizadora que suministrará el líquido al Sistema Cutzamala para así mitigar la crisis hídrica que sufre.
La organización ha documentado desde por lo menos 2009 que los contaminantes en el agua de la Presa Madín producen estrés oxidativo, citotoxicidad, daño al material genético y embrioletalidad en especies centinela y en la carpa común que vive en sus aguas. La contaminación del vital líquido ha llegado a tal grado que en septiembre de 2021, centenares de peces amanecieron muertos en las orillas de la presa.
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