Legalidad mata legitimidad

Sacudió –como debe sacudir aquello que indigna por su falta de recato, apego a las buenas costumbres y negativa a agachar la cabeza– a los espíritus nobles y gente de bien de la clase política y social mexicana, el que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera los montos de los contratos celebrados por las empresas de uno de los precandidatos del Frente Amplio por México. Sacudió no sólo porque al hacerlo se violentó el sacrosanto secreto fiscal que obliga a los funcionarios hacendarios a no revelar ninguna información tributaria de los contribuyentes, sino por el mal gusto de oponerse a acatar el orden legal que sabiamente fue constituido, por seres más sabios que nosotros, para protegernos de afectar los intereses de la clase privilegiada.

Sacudió porque pone en duda el entendimiento del entramado legal como un orden pre social, constituido en un tiempo inmemorial para contenernos como contienen las cercas al ganado, un entramado que no sólo no debe ser cuestionado, sino al cual debemos apegarnos sin importar lo injusto o absurdo que resulte. Por eso fue que los próceres de la democracia como herramienta de la oligarquía, de la libertad de expresión como medio infodemico y las buenas costumbres, no dudaron un segundo para poner el grito en el cielo, denunciar, condenar y pedir la excomunión de aquellos que cometieron el pecado de colocar por encima de lo legal, lo legitimo, de no entender la importancia de mantener en la ignorancia a las masas que deben ignorar aquello que no tienen capacidad de entender; en espacial, cuando aquello que deben ignorar tiene que ver con los privilegios que jamás habrán de disfrutar.

No entender que el poder debe ejercerse en las sombras, lejos del escrutinio público, que la transparencia no es más que un discurso para garantizar la opacidad de aquello que debe ser opaco, de aquello que debe estar detrás de un velo, inaccesible para las conciencias que no pueden entender que hay quienes merecen más que otros, es no entender absolutamente nada. La luz no debe alumbrar a las clases privilegiadas y aquellos que se benefician del poder. No. La luz debe alumbrar a la ciudadanía para controlarla y mantenerla cegada. Por el bien de todos, primero los privilegiados, los que siendo menos tienen más —mucho más— de lo que pueden imaginar las masas. Por el bien de todos, la información no debe estar al alcance de todos. Quienes aspiran a dirigir el futuro del país no deberían ser expuestos, de cuerpo entero, a la mirada de la masa electoral. Lo único que ese mal necesario que conocemos como ciudadanía debe saber de los candidatos —en especial de los candidatos que representan los intereses de la oligarquía— es aquello que los candidatos quieren que la ciudadanía sepa de ellos ¿A quién le sirve saber que X o Y candidato a sacado provecho de su posición como alcalde, diputado, gobernador o senador, para firmar contratos millonarios con entidades públicas y privadas si podemos conformarnos con saber que empezó boleando zapatos o vendiendo gelatinas? El mito autoproclamado nos da más tranquilidad que la realidad expuesta sin la menor delicadeza. Y esa tranquilidad es todo a lo que debemos aspirar.

Por ello es que los padres de la patria legislaron y sus herederos lo siguen haciendo, para garantizar que el orden social no sea mancillado por un puñado de revoltosos que piensan que es posible pensar en el bienestar de la mayoría. Por eso se creó un entramado legal tan complicado como detallado, para no permitir que la ciudadanía cuestione a quienes, por derecho divino y capacidad económica, están por encima de la ciudadanía. La legalidad es el marco que no debe rebasarse. La legitimidad es una aspiración peligrosa que pone en entredicho ese marco y amenaza con aportar elementos a los ciudadanos con los que los ciudadanos no van a saber que hacer. Anteponer lo legitimo a lo legal amenaza con sembrar en la cabeza del electorado la insana idea de que puede tomar decisiones que lo beneficien, la insana idea de que puede ser agente de su propia historia, la insana idea de que son sujetos y no objetos al servicio de otros. Desde luego que no faltaran quienes argumenten que esto no debe ser así, que lo legal se trata de una construcción histórico cultural que puede ser modificada, no faltarán aquellos que anteponiendo una subjetividad, capaz de cuestionarlo todo, pongan en entredicho sabiduría infinita de quienes crearon las normas e instituciones que nos rigen, no faltarán personas tan soberbias que creen que pueden tomar las riendas de su propio destino, voces que deben ser ignoradas y acalladas con el peso de la ley que fue creada para ignorar y acallar las voces que cuestionan el peso de la ley.

Entrados en gastos

Si se permite y —peor aún— promueve desde el poder que la gente cuente con la información necesaria para tomar una decisión que está por encima de las decisiones que debe tomar, se fomentará el desarrollo de una ciudadanía que el día de mañana buscará arrebatar a la clase política el control del país, una ciudadanía que asumirá que los políticos son un medio y no un fin en sí mismo. La participación ciudadana debe ser un refrendo del discurso mítico que la clase privilegiada quiere que repitamos irreflexibamente y no un ejercicio en el que se cuestione ese discurso. Un referendo que rinda tributo al poder económico —el único que debe prevalecer— y no un ejercicio que busque transformarlo. No hay necesidad de que el ganado sepa que va al matadero para conducir al ganado al matadero. Por el contrario, mientras menos sepan los ciudadanos de quienes aspiran a dirigirlos, mucho más sencillo será realizar la función de gobierno, garantizar los privilegios de la clase privilegiada y preservar ese orden social que fue creado y dispuesto para el beneficio de unos cuantos. Cualquier otra cosa, como bien decía ese ejemplo de hombre de estado, benefactor de quienes deben ser beneficiados, promotor de la oligarquía y modelo de la heroica oposición que hoy defiende el derecho a oprimir a los oprimidos, Porfirio Díaz, es soltar al tigre.