El caso Pegasus vuelve a estar en el centro de la conversación nacional, luego de revelarse en un juicio en Israel que empresarios vinculados al software espía habrían pagado hasta 25 millones de dólares en sobornos para facilitar su entrada a México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones, que ya han sido negadas por el expresidente, abren nuevamente el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia.
Las revelaciones se dan justo en el arranque del nuevo gobierno federal y en medio del análisis del paquete de reformas en seguridad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque las iniciativas buscan fortalecer las capacidades del Estado en la investigación de delitos, diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado a establecer mecanismos claros de supervisión y control.
Durante una reciente conferencia, la presidenta Sheinbaum expresó sorpresa ante lo publicado por medios internacionales, y respaldó que Peña Nieto haya dado su versión. No obstante, colectivos como Artículo 19, R3D y SocialTIC han solicitado una investigación independiente y transparente sobre la adquisición y el uso de Pegasus en administraciones anteriores.
El software fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y figuras de oposición. También existen registros de su uso en los primeros meses del sexenio de López Obrador, pese a declaraciones oficiales que aseguraban lo contrario.
Las reformas en discusión prevén la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, la integración de bases de datos públicas y privadas, y el uso de datos biométricos en documentos oficiales. El gobierno federal ha reiterado que cualquier intervención requerirá autorización judicial.
Organizaciones civiles señalan que es fundamental establecer garantías suficientes para evitar abusos. Si bien reconocen la necesidad de herramientas para combatir el crimen, advierten que el respeto a los derechos humanos y la privacidad debe estar en el centro de toda política de seguridad.
El caso Pegasus deja una lección importante: la tecnología debe estar al servicio de la justicia, no de la persecución. Por ello, expertos y defensores piden que el Estado mexicano avance con transparencia, legalidad y rendición de cuentas en el uso de estas herramientas.
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