Una presunta filtración masiva de más de cinco terabytes de archivos internos provenientes de Televisa ha destapado lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos mediáticos en la historia reciente de México. Conocida como Televisa Leaks, esta revelación realizada en el programa de Carmen Arisyegui, incluye chats, audios, guiones, documentos confidenciales y campañas diseñadas para atacar a periodistas, figuras públicas y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso comenzó con la denuncia de Germán Gómez García, exempleado de la televisora, quien reveló cómo el consorcio mediático diseñó campañas de difamación y desinformación, incluyendo el uso sistemático de cuentas falsas en redes sociales y la difusión de noticias manipuladas a través de múltiples plataformas.
Uno de los blancos más persistentes fue la misma Aristegui, contra quien se documentan más de 300 menciones internas en grupos de Telegram, además de estrategias de edición de video y campañas encubiertas para minar su credibilidad. La filtración también menciona cómo la gobernadora Layda Sansores fue blanco de campañas orquestadas, particularmente tras sus críticas a la relación entre Televisa y líderes del PRI.
Las revelaciones muestran además que, entre 2018 y 2024, un grupo interno identificado como Grupo Palomar presuntamente gestionó contenidos “a modo”, incluyendo perfiles positivos para ciertos personajes del ámbito judicial. Entre ellos figura el ministro Arturo Zaldívar, a quien se habría ofrecido apoyo en redes sociales y estrategia digital para reforzar su imagen como defensor de los derechos sociales. Si bien Zaldívar no es señalado como parte activa de estas campañas, el material filtrado lo muestra como beneficiario de una narrativa favorable que contrastaba con campañas negativas contra otros ministros.
Uno de los documentos más comprometedores expone un contrato por 47 millones de pesos adjudicado en 2019 a una empresa vinculada a la televisora para monitorear redes sociales y generar análisis de percepción pública hacia el Poder Judicial, firmado durante la gestión del exdirector de comunicación de la SCJN, César Castillejos Rangel.
La parte más oscura de la filtración apunta a la fabricación de denuncias falsas de abuso sexual infantil. El caso más grave: el del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, quien enfrentó un linchamiento mediático tras ser implicado falsamente mientras se encontraba enfermo de cáncer. Los materiales sugieren que los testimonios usados en su contra fueron grabados siguiendo guiones y editados para generar impacto mediático, con la participación de empleados de Televisa y la empresa Metrics.
Los documentos apuntan a una operación que no solo rebasó los límites éticos del periodismo, sino que puso en riesgo vidas y dañó profundamente la confianza en los medios. Si bien los documentos aún están en proceso de verificación independiente, la magnitud y el nivel de detalle han obligado ya a distintas figuras públicas a pronunciarse, mientras la televisora guarda silencio.
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