La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca prohibir y sancionar severamente la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios nacionales, luego de que televisoras como Televisa-Univision permitieran la difusión de campañas audiovisuales del gobierno estadounidense contra migrantes en su programación.
De acuerdo con el artículo 276 del proyecto, los concesionarios de radio, televisión abierta y restringida que violen esta disposición podrían recibir multas de hasta el 5% de sus ingresos, aunque el texto aún no especifica si este porcentaje se calculará sobre facturación mensual o anual. En cualquier escenario, esto representaría un impacto financiero considerable para empresas como Televisa, que operan bajo concesión pública y obtienen ingresos multimillonarios por publicidad.
Según el artículo 210 de la propuesta, los concesionarios mexicanos únicamente podrán transmitir propaganda de gobiernos extranjeros con fines turísticos o culturales. Toda publicidad con mensajes políticos, ideológicos o institucionales ajenos al Estado mexicano será considerada ilegal. La sanción también podría escalar a una reversión de la concesión, en casos de reincidencia o afectaciones graves.
Esta iniciativa responde directamente a la campaña encabezada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien difundió a través de canales mexicanos mensajes donde advierte deportaciones masivas y criminaliza a migrantes que no abandonen voluntariamente ese país. La campaña fue transmitida por televisión abierta, incluyendo canales del grupo Televisa, además de plataformas en línea.
El Gobienro de México denunció que esta clase de contenidos constituyen una intromisión en los asuntos internos del país y vulneran el derecho de las audiencias al libre acceso a la información sin sesgos extranjeros. Además, consolidan una narrativa de odio hacia la población migrante, contraria a los principios constitucionales y de derechos humanos.
La propuesta de ley busca blindar el espacio radioeléctrico y digital mexicano para que ningún gobierno extranjero, bajo ninguna circunstancia, utilice medios nacionales como plataforma de propaganda política, sin importar si se trata de transmisiones directas o publicidad contratada.
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