En un documento reservado y urgente, las Fuerzas Armadas de Ecuador advirtieron que “luego de los resultados electorales del 13 de abril de 2025, se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el Presidente de la República, su Gabinete Ministerial y equipo de trabajo”.
La acusación de Noboa sigue el discurso del expresidente Donald Trump, quien recientemente clasificó a los cárteles como organizaciones terroristas. A partir de ello, el Gobierno ecuatoriano lanzó un comunicado titulado La venganza de los perdedores, en el que sostiene que el “Estado está en letra máxima” y que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están activados para proteger la institucionalidad.
Estas declaraciones se dan en medio de las denuncias por fraude electoral hechas por la oposición y observadas por organizaciones internacionales como la CELAC social, y la propia OEA. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado preocupación por las irregularidades en el proceso.
“La MOE/OEA constató que el hecho de que el Presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó en la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. En este último aspecto, influyeron tanto la activación de instancias electorales y judiciales con fines políticos, como decisiones del Poder Ejecutivo basadas en interpretaciones constitucionales unilaterales que generaron serias dudas sobre su validez jurídica”.
Para dejar atrás las acusaciones de fraude, principalmente impulsadas por su contrincante Luisa González, Noboa ha optado por instalar un nuevo relato en el que presuntos “grupos terroristas” buscarían desestabilizar al gobierno.
Así, la narrativa de Trump parece encontrar eco en Sudamérica, donde el propio Ejército ecuatoriano sostiene que los grupos criminales no sólo buscan vulnerar al gobierno, sino también “la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de Derecho”.
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