El dolor de las madres que buscan a sus hijos, el sufrimiento de padres que no saben si sus hijas volverán a casa y la angustia de familias enteras atrapadas en la incertidumbre: la desaparición forzada ha dejado una huella profunda y dolorosa en hogares mexicanos. Con cifras alarmantes y un sistema judicial que ha mostrado grandes vacíos, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido dar un paso firme hacia la justicia. En un país donde las desapariciones ya no son solo responsabilidad del Estado, sino que se vinculan directamente con la violencia del crimen organizado, el compromiso de la presidenta para erradicar este delito se traduce en acciones concretas que, si se implementan correctamente, podrían traer alivio a las víctimas.
Sheinbaum anunció este 17 de marzo un paquete de seis acciones inmediatas para combatir las desapariciones en México, un problema que no puede seguir siendo ignorado. La primera de estas acciones es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ampliará su capacidad operativa y tecnológica, dotándola de herramientas científicas y recursos para realizar búsquedas más eficaces. Esto representa, sin duda, un avance crucial en un país donde las autoridades han sido históricamente ineficaces o, incluso, cómplices de la impunidad.
Otro de los puntos que más ha resonado entre las familias de las víctimas es la reforma a la Ley General de Población, que permitirá la creación del Certificado Único de Registro de Población. Este nuevo mecanismo permitirá cruzar información con todos los registros administrativos y generar alertas para identificar indicios de vida de las personas desaparecidas. A través de una colaboración más estrecha entre el Registro Nacional de Población, el Instituto Nacional Electoral y otras instituciones, se promete una base de datos unificada que podría salvar vidas al facilitar la localización de desaparecidos. No menos importante es la creación de la Base Nacional Única de Información Forense, que integrará registros de las Fiscalías de todo el país, un avance que permitirá una mejor identificación de personas y una conexión más efectiva entre las diversas instituciones involucradas en la búsqueda.
En paralelo, Sheinbaum ha anunciado reformas que eliminarán la espera de 72 horas para abrir una investigación por desaparición. Este protocolo, vigente hasta hoy en muchos estados, ha sido una de las principales quejas de las víctimas, pues las primeras horas en una desaparición son cruciales para iniciar una búsqueda efectiva. Con esta nueva medida, se agilizarán los procesos, generando una respuesta inmediata ante cualquier reporte de desaparición, ya sea por feminicidio, homicidio o secuestro.
Un cambio igualmente relevante es la equiparación del delito de desaparición al de secuestro, lo que permitirá homologar penas y procedimientos en las fiscalías estatales y federales. Esta medida representa un reconocimiento del sufrimiento que experimentan las familias de las víctimas, al equiparar dos crímenes de una gravedad extrema. Además, la transparencia jugará un papel clave en esta estrategia: la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones, que se dará a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permitirá un monitoreo público del avance en los casos, algo fundamental para evitar la desidia en los procesos.
La última acción anunciada por Sheinbaum se refiere al fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que se encargará de brindar acompañamiento a las familias de los desaparecidos, ofreciendo apoyo psicológico, legal y social. Este enfoque humanista es crucial, pues el sufrimiento de las víctimas no termina cuando se inicia una investigación. Para ellos, cada día que pasa sin respuestas es una condena silenciosa.
Estas reformas, aunque necesarias, no están exentas de retos. Si bien la iniciativa es loable, la implementación efectiva de estas medidas será el verdadero desafío. México es un país donde el crimen organizado tiene un poder significativo en muchas regiones, y la impunidad sigue siendo un obstáculo mayúsculo para la justicia. Será esencial que estas reformas no se queden solo en el papel, sino que se acompañen de un compromiso real por parte de las autoridades locales, quienes a menudo se ven rebasadas o incluso corrompidas por la violencia que permea muchas de sus estructuras.
Aun con estos retos, la promesa de Claudia Sheinbaum de no permitir la impunidad en el caso de Teuchitlán, Jalisco, y en todos los demás casos de desaparición, es una señal positiva para las familias afectadas. Su compromiso de que “la verdad prevalecerá siempre” debe ser más que un discurso político; debe ser la guía que impulse cada acción de su administración.
La esperanza no puede perderse. Las familias de los desaparecidos merecen respuestas. Si las reformas anunciadas por Claudia Sheinbaum logran su cometido, México podría dar un paso más hacia un futuro donde la justicia no sea un sueño distante, sino una realidad alcanzable. Sin embargo, el verdadero reto está en que no se permita que las promesas se desvanezcan con el paso del tiempo y queden en letra muerta estas acciones. Las víctimas y sus familias no pueden esperar más.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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