El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, presentó el proceso que permitirá la creación de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, un proyecto clave para modernizar los trámites en México y reducir la carga burocrática que enfrentan ciudadanos y empresas.
Para que esta ley pueda ser expedida, primeramente se reformarán los artículos 25 y 73 de la Constitución, con el fin de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia. Una vez aprobadas estas modificaciones, se presentará la iniciativa que abrogará la Ley General de Mejora Regulatoria, reemplazándola con una norma más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.
El objetivo de esta nueva legislación es homologar los trámites, requisitos, tiempos de resolución y procesos de atención, además de eliminar barreras que complican el acceso a servicios esenciales. Con ello, se busca no solo facilitar la vida de los ciudadanos, sino también fomentar la inversión y el crecimiento económico. Además, garantizará el cumplimiento de buenas prácticas regulatorias, alineadas con los compromisos internacionales adquiridos por México, como el T-MEC.
Uno de los puntos clave de la propuesta es la reducción de espacios de corrupción, eliminando la discrecionalidad en los trámites gubernamentales. Esto se logrará a través de la estandarización de procesos en los tres órdenes de gobierno, brindando mayor certeza jurídica y transparencia. Además, se estima que los trámites, requisitos y tiempos de resolución se reducirán en un 50%, lo que representará un alivio significativo para ciudadanos y empresas.
La ley también contempla la creación de un Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización, que incluirá un catálogo único de trámites, servicios y requisitos, así como un portal ciudadano donde todas las gestiones podrán realizarse de manera ágil y sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas gubernamentales. Asimismo, se establecerá un Sistema Nacional de Atención Ciudadana, que garantizará respuestas rápidas y eficientes.
Para reforzar la seguridad y evitar duplicidad de información, se implementará el Expediente Digital, que almacenará los documentos de cada persona y permitirá su uso en distintos trámites sin necesidad de presentar los mismos papeles una y otra vez. También se desarrollará “Llave MX”, un mecanismo de identidad digital que simplificará aún más la relación entre ciudadanos y el gobierno.
Entre los principios de esta iniciativa destaca el compromiso de que la mayor carga regulatoria recaiga en las autoridades y no en la población. Además, se establecerá que el gobierno no podrá solicitar documentos que él mismo genere, se fusionarán trámites para evitar procesos innecesarios, y se garantizará que los documentos digitales tengan la misma validez legal que los físicos.
Este esfuerzo responde a la necesidad de eliminar el rezago burocrático que ha afectado a México durante décadas. Con esta nueva legislación, el gobierno busca acercar los servicios públicos a la gente, garantizar el acceso a derechos y fortalecer la actividad económica.
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