Durante la conferencia matutina, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, destacó las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan fortalecer los derechos de las mujeres en México. Entre los principales ejes de estas reformas están la promoción de la igualdad sustantiva, la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Hernández Mora informó que ya se han aprobado modificaciones a siete leyes secundarias fundamentales, las cuales representan un paso significativo hacia la igualdad de género. Entre las normativas reformadas destacan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas modificaciones buscan garantizar que las mujeres accedan a la justicia de manera efectiva, con medidas de protección claras y contundentes en contra de la violencia de género.
En el caso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se redefinió la brecha salarial como la diferencia de retribución económica basada en el género. Además, se ordena que las políticas públicas se dirijan a garantizar la igualdad en todos los ámbitos de la vida, desde el cuidado familiar hasta la participación política, cultural y laboral. Un avance destacado es la creación del Certificado de Igualdad de Género y No Discriminación, una herramienta que permitirá evaluar los esfuerzos del Estado y del sector privado para erradicar las desigualdades salariales.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también sufrió modificaciones importantes. Por primera vez, se establece como reglamentaria del artículo 4° constitucional en materia de protección para mujeres, niñas y niños, garantizando medidas inmediatas como la salida del agresor del hogar en casos de violencia familiar. Además, se creó el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección, un sistema que permitirá a las autoridades locales y federales implementar acciones rápidas y efectivas para proteger a las víctimas.
En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se incluyeron disposiciones para la protección de mujeres, adolescentes y niñas durante los procesos jurisdiccionales en el ámbito familiar. Además, se definió de manera específica la violencia vicaria, lo que abre camino a una atención más efectiva en casos donde la violencia afecta a las mujeres a través de terceros, como los hijos.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, exhortó a los congresos locales a acelerar la armonización de sus constituciones y legislaciones con las reformas federales, enfatizando la necesidad de que los derechos de las mujeres se protejan en todos los niveles del país.
Estas reformas, que abarcan tanto la legislación laboral como la penal y de seguridad pública, representan un cambio histórico en la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Con estas medidas, se busca no solo garantizar la igualdad jurídica, sino también transformar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad y la violencia de género en México.
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