En una decisión trascendental, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) desestimaron al menos 275 impugnaciones promovidas contra la Reforma Judicial. Los recursos, presentados por jueces y ciudadanos, buscaban cuestionar la legalidad de los procesos establecidos por el Senado para los comicios del Poder Judicial de 2025.
Además, el Tepjf ratificó la convocatoria para integrar los listados de 5,410 aspirantes a cargos de ministros, magistrados y jueces. Esta convocatoria, que cerrará el próximo 24 de noviembre, es un paso clave en la preparación de las elecciones judiciales.
Decisión dividida en el pleno
La resolución fue adoptada por mayoría, con tres votos a favor de las magistraturas Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Por otro lado, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra, argumentando irregularidades en el proceso.
Otálora y Rodríguez cuestionaron aspectos como la falta de paridad de género, la carencia de criterios uniformes para la evaluación de los candidatos y problemas en el proceso de insaculación, comúnmente conocido como “tómbola judicial”. Rodríguez Mondragón enfatizó que el procedimiento violó la Constitución al no considerar criterios específicos, como las vacantes por distrito judicial y la especialización por materia.
Convocatoria y evaluación bajo escrutinio
Según el Tepjf, los procesos de convocatoria, insaculación y la conformación de los comités de evaluación se realizaron conforme a la ley. Sin embargo, los magistrados disidentes señalaron que los requisitos establecidos por los comités varían significativamente, lo que podría generar desigualdad entre los aspirantes.
En un punto de consenso, el pleno acordó por unanimidad vincular al Senado para que emita una regulación específica sobre la adscripción de personas juzgadoras ya seleccionadas pero aún sin asignación a un circuito judicial.
El Tribunal Electoral concluyó que no se aplicarán objeciones a los acuerdos del Senado en relación con el proceso de los comicios. Este respaldo valida las reglas establecidas y permite que el proceso continúe conforme a los plazos previstos.
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