Este lunes 4 de noviembre, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Culiacán, Sinaloa, generó alarma entre la población luego de que un presunto artefacto explosivo fuera hallado frente a las instalaciones del ISSSTE. La alerta fue activada tras una llamada al 911, lo que movilizó a efectivos de la Sedena hacia la calzada Heroico Colegio Militar, donde procedieron a acordonar la zona para proteger a los pacientes y transeúntes de posibles daños.
El despliegue de los uniformados fue capturado en video y difundido rápidamente a través de redes sociales, mostrando el momento en que un militar retiraba cuidadosamente el supuesto explosivo. Antes de llevar a cabo la maniobra, las autoridades procedieron a evacuar el hospital y cerrar los accesos para evitar cualquier riesgo a las personas en el lugar y áreas cercanas.
Sin embargo, tras la revisión y retiro del objeto, la Sedena confirmó que se trató de una falsa alarma, permitiendo que el personal y los pacientes del ISSSTE volvieran a sus actividades normales. Pese a que la situación no presentó mayores consecuencias, el incidente ha generado cuestionamientos en torno a la posibilidad de una agenda de fondo en estos hechos.
El periodista Manuel Hernández Borbolla sugirió que este tipo de incidentes podría estar vinculado a una campaña de posicionamiento del narcoterrorismo en México, impulsada por sectores conservadores en México y Estados Unidos, como el Partido Acción Nacional (PAN). “Hay mano negra queriendo calentar la plaza”, afirmó Borbolla, quien añadió que ciertos intereses políticos y extranjeros podrían estar detrás de lo que describió como una “Operación Psicológica en marcha” para generar inestabilidad en el país. Su advertencia invita a reflexionar sobre la creciente insistencia de algunas figuras en etiquetar a la violencia en México bajo el término de “narcoterrorismo”, y cómo esto podría responder a objetivos externos que buscan influir en la percepción internacional de la seguridad en el país.
Este episodio en Culiacán pone en evidencia la tensión que persiste en México en torno a intromisiones externas en la seguridad pública y plantea interrogantes sobre manipulaciones mediáticas y políticas que buscan capitalizar estos eventos para fines de propaganda.
Comentarios