Hacer ley de la mentira

Desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador quedó claro que, mucho de lo que funcionaba mal o no funcionaba en absoluto en el país tendría que, cuando menos, replantearse para que coadyuvara en el desarrollo de un gobierno al servicio de sus ciudadanos. No por nada, la intención de desaparecer varios organismos autónomos como la Cofece, el IFT o el INAI, tuvo lugar con el fin de ahorrar miles de millones de pesos al gobierno, al ser instituciones onerosas y con procesos parcializados de sus funciones.

En su ya famoso discurso del 2006, luego de que el Tribunal Electoral favoreciera a Felipe Calderón con el triunfo en los comicios federales, cuando el tabasqueño mandó “al diablo sus instituciones”, tenía claro que hay organismos que sólo sirven para beneficiar a los más poderosos a pesar de que, en su creación, se viese el propósito de que trabajaran en beneficio de todo el pueblo de México.

Sin lugar a dudas, una de esas instituciones, que más ha beneficiado a los potentados e influyentes políticos conservadores de la nación es el Poder Judicial, integrante de un gobierno que debería rendir cuentas como lo comenzaron a hacer el ejecutivo y legislativo a partir de 2018; sin embargo, el primero ha sido el único de los 3 poderes que no sólo no defiende los intereses del pueblo sino que, con la entrada en vigor de la reforma judicial que promovió el expresidente López Obrador para combatir la corrupción que existe al interior de la máxima corte y sus distintas ramificaciones tanto federales como estatales, ha sido más que evidente que los magistrados y jueces que conforman este sector elitista del gobierno, trabajan para beneficiarse a ellos y a los pocos que puedan rentar sus servicios y que mediante el trámite de amparos, por ejemplo, les ayuden a evadir sus obligaciones legales.

Desde que comenzó este duelo entre un representante emanado del pueblo y elegido por este y unos personajes que parecen sentir que fueron elegidos por Dios para ejercer su cargo y que sólo por acción divina se les puede juzgar y hacer que cumplan con las leyes que ellos mismos deberían defender, hemos sido testigos de las atrocidades en las que han incurrido los supuestos expertos en derecho para justificar, por ejemplo, tener un sueldo más alto que el Presidente de la República o bien, amparar a criminales comprobados o tratar de imponer su voluntad y declarar inconstitucional la constitución, todos los ejemplos anteriores de manera ilegal, asumiéndose con ello, como la máxima autoridad del país, por encima de los votantes de este.

Total, que ellos parecen creer en su grandísima soberbia, que al ser representantes de un poder cuya labor es aplicar reglamentos llamadas leyes, establecidas en un acta, denominada Constitución, resulte en que sean los únicos que sepan de leyes en el país. Una verdadera estupidez cuando el presidente de la cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de la Jucopo de Morena en la cámara de diputados, Ricardo Monreal, Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, así como los abogados Andrés Repper o César Gutiérrez Priego, por mencionar solo a algunos expertos en la materia, han repetido las inconsistencias e ilegalidades en las que han caído Jueces y ministros para desacreditar y echar abajo una ley que ya no es reforma, sino que forma parte de la propia constitución.

Ahora surge el ministro “iluminado” González Alcántara Carrancá que se envalentona con una autoridad, que no le confirió un electorado, para sentirse el representante supremo de todos los poderes en México, al decir en entrevista con un comunicador básicamente que, la ley es ley sólo cuando él así lo dice y que si el ejecutivo y legislativo hacen caso omiso de las resoluciones improcedentes del máximo tribunal, como el proyecto que votarán los ministros el próximo 5 de noviembre, para invalidar algunos aspectos de la reforma, entonces México se quedará sin Suprema Corte de Justicia. De risa loca.

Luego están detrás de ellos, con la intención de justificar sus falacias leguleyas, la horda de corrientes analistas, comunicadores y seudo intelectuales, que les hacen el juego en los medios para convalidar las aberraciones legales que emiten, pero evitan hablar de las huelgas ilegales de los trabajadores del poder judicial, de los sueldos y prestaciones estratosféricas de los ministros o el nepotismo encubierto bajo rectitud, que abarca alrededor del 40% de los puestos de trabajo en dicha institución federal.

Hoy queda claro que de esos actores políticos (hablamos de ministros y jueces), medios de comunicación y sus empleados, no podemos esperar que exista el apego a los hechos, sino que, por el contrario, parece una encomienda casi divina, que sea la mentira la que prolifere en sus espacios hasta convertirla en ley, no con la intención de apegarse a lo que está legalmente escrito, sino por el amor al dinero que reciben, ya sea del erario o de sus mecenas, y es por esa causa que tratan de convencer a la gente de las mentiras que emplean, lejos de informar con la verdad.

Siempre alejados del pueblo, siempre alienados de las causas populares, en sus mansiones, con autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador, parecen asqueados por los ciudadanos a los que dicen defender. ¿A qué le temen, por qué tienen tanta repulsión a la gente, por qué existe el constante deseo de separarse del pueblo, como si con ello tratarán de evitar acercarse, de ensuciarse o de parecerse a este?