Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Guanajuato es el estado con el mayor número de homicidios en el país y también el que registra el mayor índice de adicciones. Según la mandataria, la situación en la entidad refleja un modelo de desarrollo que ha fracasado, lo que ha generado altos niveles de violencia, pobreza y un salario promedio inferior al mínimo.
“Guanajuato es, por mucho, el estado con el mayor número de homicidios y jóvenes con adicciones. León, increíblemente, es el municipio con más pobres en todo el país”, subrayó Sheinbaum. Ante este panorama, anunció que su administración, en coordinación con diversas secretarías, como la de Gobernación y la del Trabajo, ampliará los programas sociales para rescatar a los jóvenes de la violencia y las adicciones, buscando atender las causas estructurales de estos problemas.
La presidenta hizo énfasis en que el gobierno federal ya había comenzado a trabajar en estas áreas, pero que su gobierno fortalecerá estos esfuerzos para mejorar la situación en Guanajuato y ofrecer más apoyo a las comunidades afectadas.
Gobernadora de Guanajuato presenta controversia contra reforma judicial
Así, en lugar de atender el bienestar del pueblo, Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, ha decidido entrar al golpeteo político. Recientemente presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Sheinbaum. Esta reforma propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte. La controversia fue admitida por el máximo tribunal y asignada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Aún se desconoce si el gobierno de Guanajuato ha solicitado una suspensión que, de ser otorgada, podría frenar temporalmente la aplicación de la reforma. Mientras tanto, Sheinbaum ha enviado dos iniciativas para definir las reglas de selección de candidatos y los procedimientos para la primera elección popular del Poder Judicial, que está programada para el 1 de junio de 2025.
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