A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un último informe a las madres y padres de los jóvenes desaparecidos, en el cual destacó que las investigaciones han seguido un proceso riguroso y comprometido para esclarecer los hechos. Sin embargo, reconoció que los avances han sido limitados debido a la falta de cooperación de ciertos actores clave.
Uno de los principales señalados en el informe fue Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos, quien en su momento aceptó colaborar como testigo protegido. Gracias a su cooperación, se logró la identificación de los restos de dos de los estudiantes desaparecidos, pero según el mandatario, “El Gil” ha mostrado poca disposición para seguir colaborando, impidiendo avances significativos en la investigación. López Obrador subrayó que López Astudillo tiene comunicación con otros involucrados, tanto del crimen organizado como de las autoridades locales, quienes tienen información clave sobre lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014, pero su resistencia a seguir colaborando ha entorpecido el proceso.
Desmienten participación de las Fuerzas Armadas en la desaparición
En este segundo informe, López Obrador también desmintió categóricamente la supuesta implicación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los estudiantes. El mandatario criticó duramente las versiones que han circulado, especialmente las difundidas por la periodista Anabel Hernández, quien en su libro La verdadera noche de Iguala acusó, sin pruebas concretas, que los estudiantes habrían estado involucrados en un incidente relacionado con el tráfico de drogas y que miembros del Ejército habrían participado en su desaparición.
El presidente defendió el papel de las Fuerzas Armadas, destacando que durante su administración han sido colaborativas y han mostrado disposición total para contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Los actos ilegales cometidos por algunos miembros no deben manchar a una institución que es fundamental para la defensa de nuestra soberanía”, afirmó el presidente, reiterando que se ha trabajado arduamente para investigar a aquellos militares que están bajo proceso legal por su presunta participación, pero sin generalizar responsabilidades a toda la institución.
Esfuerzos para obtener más información de los involucrados
El informe también mencionó que la Secretaría de Gobernación, bajo la titularidad de Luisa María Alcalde, y la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Rosa Icela Rodríguez, han mantenido diálogos con los presuntos involucrados que se encuentran en prisión, ofreciendo recompensas y la aplicación de la Ley de Amnistía para proteger a aquellos dispuestos a colaborar. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado en avances limitados, según lo informado.
A pesar de estos obstáculos, López Obrador insistió en que la investigación no está cerrada y que su gobierno seguirá trabajando en el caso hasta lograr la verdad completa. “Se aclararon cosas que no se conocían, nunca dejamos de buscar a los jóvenes”, expresó el mandatario, subrayando el compromiso de su administración con las familias de las víctimas.
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