Este lunes 26 de agosto, a las 11:30 horas, comenzó la dictaminación de la Reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, una propuesta histórica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, presentada el pasado 5 de febrero, busca transformar profundamente el sistema judicial en México, democratizando los procesos de elección de jueces, magistrados y ministros, y recortando los exorbitantes presupuestos que actualmente manejan los órganos del Poder Judicial, los cuales han sido objeto de críticas por presuntos desvíos y caprichos.
Con un quórum de 33 legisladoras y legisladores, la Comisión de Puntos Constitucionales inició la sesión semipresencial para debatir esta trascendental reforma. La propuesta plantea modificar el artículo 95 de la Constitución para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, lo que representa un cambio significativo hacia la democratización del Poder Judicial. Esta medida responde a la necesidad de devolverle al pueblo el control sobre una institución que, según ha señalado el presidente López Obrador, ha fallado al liberar criminales y actuar en favor de intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía.
La reforma también propone reducir el periodo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 15 a 12 años y establecer elecciones populares para aproximadamente 800 cargos en 2025 y 2027. Los ministros electos permanecerán en sus cargos por periodos de ocho, 11, o 14 años, según los resultados de la votación, lo que busca asegurar una representación más cercana y responsable ante el pueblo mexicano.
Además de estos cambios, la reforma prevé la reducción de 11 a nueve ministros en la SCJN y la eliminación de las dos salas que actualmente existen en el máximo tribunal, centralizando las sesiones en un pleno que deberá ser público y transparente. También se establece la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes del 1 de septiembre de 2025, asegurando que sus magistraturas no se renovarán en la próxima elección extraordinaria.
A pesar de las críticas y el paro indefinido de labores iniciado por algunos trabajadores del Poder Judicial desde el 19 de agosto, la reforma avanza con el objetivo de corregir las fallas del sistema judicial actual. Al cambiar el reparto de presupuesto no solo se busca erradicar los excesos y desvíos de recursos, sino también garantizar que la justicia en México se imparta con mayor transparencia y al servicio de la ciudadanía, no de intereses particulares.
Esta reforma marca un paso crucial hacia un sistema judicial más justo, democrático y comprometido con el pueblo mexicano, alineado con los principios de austeridad y eficiencia que han caracterizado la administración del presidente López Obrador. La transformación del Poder Judicial es un imperativo para devolver la confianza en una institución que, hasta ahora, ha estado demasiado lejos de las necesidades reales de la población.
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