Hace unos días, se había circulado por WhatsApp un mensaje en el que destaca la importancia fundamental de la división de Poderes para hacerle frente a “la dictadura”. Este mensaje fue escrito por un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Instituto Mexicano del Amparo, esta asociación civil empeñada en litigar en contra de las políticas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no mencionare su nombre. Dice lo siguiente:
“La división de Poderes en tres funciones fue fundamental para los fines referidos: control de gobernantes, pero ante una realidad en que los Poderes clásicos del Estado en México no garantizaron ese control, se crearon otros “Poderes”, con la denominación de organismos públicos o constitucionales autónomos entre ellos el Instituto de la Transparencia (gubernativa, “transparentado” el actuar de los servidores públicos) y del Acceso a la Información (pública, que permite conocer el quehacer de las instituciones y las políticas públicas, así como el destino del dinero del gobierno); ergo, éste se entiende como un organismo para tratar de erradicar la corrupción (hablando entonces de la creación del derecho a una vida libre de corrupción).
Obviamente el Instituto Electoral (equivalente al Cuarto Poder que se previó en las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843), es resultado de un reclamo popular (reflejo de la idea del “ser y querer ser de un pueblo”, como sustancia de una Constitución); ese reclamo se basó en la necesidad de elecciones trasparentes, ciertas, autónomas o ajenas al Poder político por lo que son organizadas y calificadas por la ciudadanía; con ese organismo se garantizó el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas (y dio buenos resultados, que en el extranjero le reconocieron su actuación honesta y efectiva, basada en la ley) Con estos “Poderes” se buscó asegurar ese control que se necesita frente al tirano; luego entonces, luchar en contra de la división de Poderes es un acto contrario, a los ideales políticos del pueblo y a una función pública transparente, honrada y basada en la ley; de igual manera, atenta en contra de los intereses populares, al impedir que haya control entre entes gubernativos, amén de atentar en contra de la verdadera democracia (que no la de palabras huecas).
Conclusión: la división de Poderes es fundamental para erradicar la autocracia y la dictadura, dando paso a un gobierno democrático, en el que los titulares de los órganos gubernativos son “siervos de la Nación”, esto es, servidores públicos (en palabras de José María Morelos y Pavón, quien buscaba el bien social), más no dueños de tierra y almas y poseedores de la verdad absoluta. Un gobierno en el que realmente impere el estado de Derecho o la legalidad al apegar todos los servidores públicos sus actos a los mandamientos de la Constitución y de la ley (emanada de aquella) y, en caso contrario, que sean anulados por un Tribunal autónomo, profesional y técnico en su desempeño, aunque no sea popular ni de elección directa. Ahí del Poder basado en la división de Poderes y el ideal popular de aquel tiempo que hoy tristemente, parece ha sido corrompido con limosnas en forma de becas y pensiones (con obscuridad del origen del dinero con el que se pagan y, consecuentemente sin trasparencia ni acceso a la información, al tener trunca la integración de ese instituto)”.
Hay puntos importantes en este largo mensaje, pero hay que analizarlos para ver lo que sugieren. Primero, “luchar en contra de la división de Poderes es un acto contrario, a los ideales políticos del pueblo y a una función pública transparente, honrada y basada en la ley; de igual manera, atenta en contra de los intereses populares, al impedir que haya control entre entes gubernativos, amén de atentar en contra de la verdadera democracia…”.
Esto nos lleva a suponer que este profesor de derecho es afín a los intereses de la derecha, acusando al presidente López Obrador de tirano al “atentar contra la democracia” al desactivar a los otros poderes públicos, recordando la teoría de Montesquieu en el que plantea “todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”. Más aún, él pertenece a esas mismas voces que se resisten a la Reforma Judicial de la Federación, porque ya no tendrían un andamiaje legal para defender los intereses de los poderes facticos, que los hacía intocables e inmunes a las críticas.
Segundo, la idea de un tribunal autónomo, profesional y técnico en su desempeño, puede referirse a los organismos autónomos como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) del Departamento de Estado estadounidense y a la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían de llevar a cabo acciones injerencistas para anular al gobierno de López Obrador porque “no respeta el estado de Derecho”, sin importar violar el artículo 39 de la Carta Magna, en el que establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Y tercero, el autor del mensaje infiere que los adultos mayores, los jóvenes de bajos recursos económicos y todos los afectados por el huracán Otis en Acapulco son limosneros por recibir programas sociales, lo que condujo a una corrupción del poder. No hay que dejarse manipularse por las narrativas de la derecha neoliberal, los programas sociales no son una forma de dar limosna o dadivas, son una forma de devolverle la dignidad al pueblo, que aporta al fortalecimiento de las personas que viven en situación de vulnerabilidad y a la reactivación del mercado interno. No hay que olvidar que los apoyos sociales fueron un factor fundamental en la reducción de la tasa de la pobreza multidimensional en México, de 51.9 millones en 2018 a 46.8 millones en 2022, de acuerdo con las cifras oficiales publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Si usted quiere entender o explicarle a alguien más el resultado de las elecciones recientes en México hay una cifra que debe tener muy presente: 100 mil pobres por mes. Este es el dato clave para entender por qué la gente votó en forma masiva por refrendar su apoyo a Morena y porqué rechazaron a los candidatos de la coalición opositora PRI-PAN-PRD” así lo explica el economista y académico Gerardo Esquivel para explicar los resultados de las elecciones del 2 de junio.
En conclusión, el autor usa las teorías de Montesquieu para construir un discurso maniqueo en el que acusa al presidente López Obrador de ser un autócrata, sólo porque el Poder Judicial no será un faro de defensa de los intereses de los poderes fácticos y los impartidores de justicia no sean vigilados para rendir cuentas. Además, está en manos de la Constitución y voluntad popular que exista un gobierno en el que se respete el estado de Derecho y no exista una dictadura.
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