El Poder Judicial de la Federación (PJF) vuelve a estar en el ojo del huracán tras gastar más de 112 millones de pesos en seguros. Según una investigación del destacado periodista Ricardo Sevilla, el contrato con la empresa SURA SA de CV, firmado en diciembre de 2023, ha levantado polémica por sus elevados montos y aparentes irregularidades.
El acuerdo, rubricado por varios altos funcionarios del PJF, incluía seguros institucionales de bienes patrimoniales y la facilitación de seguros voluntarios para casa-habitación de servidores públicos, pensionados y jubilados. El contrato fue firmado el 20 de diciembre a las cinco de la tarde en la Dirección General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal, ubicada en Jardines en la Montaña, Tlalpan.
A lo largo de 2023, diversas instituciones del Poder Judicial, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizaron pagos significativamente menores a los vistos en 2024. Por ejemplo, en 2023, el TEPJF pagó 12,902 pesos por una póliza múltiple, mientras que la SCJN desembolsó 23,752 pesos por un servicio similar. El Consejo de la Judicatura Federal pagó 118,823 pesos por una póliza múltiple integral.
Sin embargo, en 2024 y 2025, estos costos se dispararon. La SCJN pasó de pagar 23,752 pesos a 8,528,924 pesos anuales, totalizando 17,081,600 pesos por los dos años. El TEPJF aumentó su pago a 9,149,997 pesos anuales. El Consejo de la Judicatura Federal fue aún más lejos, desembolsando 43,229,789 pesos por año, sumando un total de 86,578,401 pesos en dos años.
El periodista asegura que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y sus subalternos estaban al tanto de estos exorbitantes gastos. El contrato plurianual, al cual tuvo acceso Sevilla, está firmado por María del Carmen Andonegui Lara, Rafael Montes Morales y Miguel Ángel Hernández Ojeda, altos representantes del Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN.
Este escándalo financiero pone en entredicho la gestión de recursos del Poder Judicial, destacando la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y la urgencia de la Reforma Judicial.
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