Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Morena-PT-PVEM, expresó su firme oposición a la reciente propuesta del diputado Federico Döring Casar del Partido Acción Nacional (PAN), conocida como “Ley Metro“. La propuesta, que sugiere la implementación de tarifas diferenciadas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ha sido objeto de críticas por parte de Brugada, quien argumenta que esta medida perjudicaría a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En una declaración pública, Brugada destacó que la iniciativa del PAN busca establecer un sistema de tarificación que penalizaría a los usuarios de las periferias de la ciudad y a aquellos que realizan trayectos más largos dentro de la red de Metro. Según Brugada, esta medida tendría un impacto negativo considerable en millones de familias, aumentando los costos de transporte para quienes menos recursos tienen.
La candidata hizo especial énfasis en su crítica al Artículo 12 de la propuesta, que plantea una revisión sistemática de las tarifas y la aplicación de costos por kilómetro recorrido. Brugada considera que estas medidas reflejan una perspectiva clasista y podrían intensificar las desigualdades urbanas. Adicionalmente, criticó el Artículo 20, que propone asignar un 30% del presupuesto total del Metro para mantenimiento, argumentando que esto reduciría los fondos disponibles para mejoras esenciales en el sistema.
“Rechazamos totalmente esta propuesta y criticamos la actitud clasista del PRI, PAN, PRD y de su candidato. Nosotros no vamos a permitir que privaticen el Metro no vamos a permitir que incrementen el precio del Metro a los que viven más lejos”.
Brugada también cuestionó la intención subyacente de la propuesta, sugiriendo que detrás de la iniciativa existe un intento de privatizar el Metro, lo cual rechaza vehementemente pues es el mayor programa social de la ciudad que apoya diariamente a millones de personas. Mencionó que se trata de “un plan de negocios. Esta iniciativa es la antesala del sueño que tienen de privatizar el Metro”.
Por otro lado, Jorge Gaviño Ambriz, coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, se unió a las críticas de Brugada. Ambriz señaló que la propuesta afectaría desproporcionadamente a los trabajadores que residen en áreas periféricas, quienes tendrían que pagar más por sus desplazamientos comparados con los residentes de zonas más céntricas. Además, resaltó la incongruencia legal de la propuesta, recordando que la revisión de tarifas es competencia exclusiva del titular de la Jefatura de Gobierno según la Ley de Movilidad de la capital.
Ambos líderes coinciden en que cualquier modificación en la estructura tarifaria del Metro debe considerar su impacto social y económico en la población más vulnerable, manteniendo el transporte como un servicio público accesible para todos los ciudadanos.
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