El diputado Miguel Prado de los Santos, del partido Morena, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR contra Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche, acusándolo de desvío de recursos públicos y otros delitos graves durante su mandato. La acusación, que implica un presunto fraude de casi 4 mil millones de pesos (3,941 millones 744 mil 886 pesos exactamente), fue presentada el 27 de abril ante María de la Luz Mijangos, titular de la fiscalía.
La denuncia de Prado de los Santos detalla una serie de delitos que incluyen tráfico de influencias, desvío de fondos federales, corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado y uso ilícito de atribuciones o facultades. Estos presuntos crímenes se habrían cometido entre el 16 de septiembre de 2015 y el 13 de junio de 2019, durante la gestión de Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche.
Según la revisión llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron 92 irregularidades en el manejo de los recursos públicos de Campeche entre 2016 y 2019, principalmente en los sectores de salud y nóminas. Esta auditoría reveló que estas malas prácticas pudieron haber causado un daño significativo a la Hacienda Pública federal.
Además, el diputado Prado, quien también es secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, pide en su denuncia que se investigue a fondo a Moreno Cárdenas y a cualquier otro responsable, y que se les inhabilite para ocupar empleos, cargos o comisiones públicos por un período de 20 años. También solicita que como medida precautoria se embarguen los bienes y cuentas bancarias de los implicados.
La denuncia también incluye una acusación específica relacionada con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2016, donde se presume un probable daño a la Hacienda Pública por 265 mil 837.40 pesos, más intereses, debido al mal uso de estos recursos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ahora deberá proceder con las investigaciones pertinentes para determinar la veracidad de estas acusaciones y, de ser necesario, llevar a cabo las acciones legales correspondientes. Esta situación destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
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