Devolver a la Constitución su espíritu de Justicia Social

“… Lo que vamos a buscar ahora con este paquete de iniciativas es regresarle a la Constitución vigente, la Constitución del 17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales, neoporfiristas, en los últimos 36 años, del 83 al 18. Porque en todas esas reformas no hay nada a favor del pueblo, fue arreglar el marco legal para legitimar, legalizar el saqueo”.

Presidente Andrés Manuel López Obrador. Conferencia de prensa matutina. 25 de enero de 2024. https://lopezobrador.org.mx/2024/01/25/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-1116/

Durante el neoliberalismo o neoporfirismo, como lo designa también el presidente AMLO con el fin de tener una referencia histórica más identificable para todos, los gobiernos prianistas echaron mano de los instrumentos que les ofrecía la supuesta democracia por ellos defendida. Pero al que más recurrieron fue al de las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, así como a las que ambos partidos y sus aliados locales tenían en los estados. El Partido Revolucionario Institucional llegó a tener hasta un 70 por ciento de las curules ocupadas por sus correligionarios.

Lo anterior, con la finalidad de aprobar las reformas constitucionales mediante las cuales se fueron abriendo paso ante el Estado de Bienestar predominante hasta principios de los años setenta y convertirlo en un instrumento al servicio del poder económico-político. Pero no les bastó contar con las mayorías en los congresos. Aseguraron también tener a su disposición al poder judicial, es decir a ministros y magistrados, y a organismos electorales para tener así el control de las instancias: legislativa, judicial y electoral; y con ello asegurar los requerimientos necesarios para establecer el modelo neoliberal en nuestro país.

A lo largo de décadas, los tribunales e incluso la Suprema Corte de Justicia rechazó controversias constitucionales alegando “carecer de interés jurídico” y resolvió como improcedentes juicios de inconstitucionalidad relativos a distintos temas impulsados a través de centenares de movilizaciones populares, entrega de millones de firmas y también promovidos por organizaciones sociales, entonces opositoras, así como por legisladores progresistas.

Bajo el control de prácticamente todas las esferas del poder, durante seis sexenios, el neoliberalismo llevó a cabo reformas constitucionales en los ámbitos económico, político y social siempre en favor de la oligarquía nacional y de sus socios internacionales. Con el objetivo, como lo afirma el presidente, de ajustar el marco legal y facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Nunca se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías.

Aunque ya con Miguel de la Madrid Hurtado se iniciaron las modificaciones encaminadas a implantar el modelo neoliberal, fue durante los sexenios que van desde el de Carlos Salinas de Gortari y hasta el de Enrique Peña Nieto cuando se realizaron los cambios constitucionales requeridos para implantar ese régimen. Así se reformaron los artículos para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas; se derogaron los impuestos a la extracción minera y se entregaron a particulares reservas mineras nacionales hasta en un 45 por ciento del territorio nacional; se otorgaron a empresas nacionales y extranjeras concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones; se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles.

Se limitó la gratuidad de la educación pública y se dejó desatendido el mantenimiento de las instalaciones escolares, se aumentaron impuestos como el IVA y sobre la Renta para la mayoría de la población, mientras se condonaban los pagos hasta en un 100% a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deudas públicas, se entregó a particulares el manejo de las pensiones y con ello los trabajadores pagan más y al final reciben menos, se mantuvo “congelado” el salario mínimo con el argumento de que los aumentos salariales provocaban inflación.

Posteriormente, se profundizaron las privatizaciones mediante reformas en los sectores energético, educativo, salud, seguridad social y comunicaciones; se modificaron leyes fiscales y hacendarias para beneficiar a grandes empresas y bancos no solo para eximirlos del pago de sus contribuciones sino para otorgarles subsidios y estímulos fiscales; se reformaron las leyes laborales eliminando derechos históricos de los trabajadores al permitir la subcontratación, el pago por hora, sin prestaciones sociales, ni antigüedad.

En resumen. Durante el periodo comprendido de diciembre de 1983 a noviembre de 2018 se emitieron 135 decretos y se reformaron 495 veces diversos artículos constitucionales, cabe mencionar que nuestra Carta Magna solo cuenta con 136 artículos y 19 transitorios. O sea que si se hubiesen reformado todos los artículos se habrían cambiado un 363 por ciento, lo que equivaldría a reescribir la Constitución más de tres veces.

Todo lo anterior hizo de la Carta Magna el marco jurídico para mantener privilegios de minorías, convertir al Estado mexicano en un instrumento contrario al interés público, desaparecer los derechos sociales consagrados originalmente en el texto aprobado por el Constituyente de 1917 y validar a los gobiernos sustentados en el binomio económico-político corrupto y corruptor.

Desde el inicio de su gobierno el presidente AMLO ha propuesto iniciativas para darle un vuelco a este régimen imperante y realizar cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. Se han realizado reformas, sobre todo durante el primer trienio de su gobierno, para cambiar aquellos aspectos fundamentales en los que se sustentaba el neoliberalismo.

Refiero algunas de las de mayor trascendencia nacional. Reducir el gasto suntuoso de la alta burocracia gubernamental mediante la aplicación de la ley de austeridad republicana; ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado y la creación del instituto para canalizar lo recuperado; prohibir expresamente la devolución de impuestos; la corrupción, el robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral ya son delitos graves; la eliminación del fuero al Presidente, la revocación de mandato y la consulta popular.

La nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos; la ley de salud para otorgar a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos; la cancelación de la “reforma educativa”; reforma que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública y la creación de la Guardia Nacional; se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad y las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad.

López Obrador ha insistido en que estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país y éste es el requerido para llevar a cabo los cambios que aseguren la defensa de todo lo logrado desde abajo, como lo afirmó el pasado lunes 5 de febrero, en el marco de la presentación de un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución y de la celebración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

El presidente está consciente de que las propuestas enviadas ese mismo día al Congreso de la Unión pueden ser o no aprobadas dado que Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada en ambas cámaras. Sin embargo, es estratégica la coyuntura escogida para entregar las iniciativas, estamos a tan solo cuatro meses del proceso electoral del 2 de junio.

Las discusiones legislativas, en torno a las propuestas presidenciales, evidenciarán una vez más el proyecto de Nación defendido por los grupos parlamentarios de la oposición, así como por sus candidatos a puestos de elección popular ya en campaña, Morena y sus aliados realizarán foros en los 300 distritos electorales para dar a conocer el contenido de las iniciativas, la movilización generada por los candidatos en defensa de la 4T contribuirá a la convicción del electorado para lograr el Plan C y el 1 de septiembre se instalarán la legislatura federal y 31 legislaturas estatales. Las tácticas seguidas por las fuerzas progresistas pueden hacer realidad la mayoría calificada en el congreso Federal, así como la mayoría requerida en los congresos locales para continuar con el cambio del régimen institucional establecido por el neoliberalismo.

A continuación, reseño brevemente las 20 iniciativas enviadas a los legisladores el lunes pasado. Cabe mencionar que las mismas fueron contenidas en un documento de más de noventa páginas.

• Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica.

• Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Asimismo, a las personas con discapacidad.

• Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad

• Garantizar atención médica integral y gratuita a todos los mexicanos.

• Asegurar que las familias puedan ser dueñas de sus viviendas.

• Prohibir el maltrato a los animales.

• Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y prohibir la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.

• Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.

• Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión y lo mismo para el delito fiscal mediante el uso de las llamadas factureras.

• No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.

• El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos en el Seguro Social.

• Revertir las reformas laborales, tanto la aprobada por Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón, pues les impiden a los trabajadores jubilarse con el 100% de su salario. Desde el 1 de mayo del 2024 se creará un fondo semilla de más de 64.6 mil millones de pesos que se incrementará gradualmente. Al mismo tiempo se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por esas reformas.

• Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes cuando no estén estudiando o no tengan ninguna oportunidad de empleo el Estado deberá contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan. Tal como opera el programa Jóvenes construyendo el futuro.

• Todos los campesinos que deseen trabajar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal justo y permanente como sucede con el programa Sembrando vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo del programa Producción para el bienestar. Se mantendrán los precios de garantía y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños propietarios del país.

• Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo. El Estado estará obligado a asegurarle al pueblo los servicios de internet. Se devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública y estratégica en beneficio de los consumidores domésticos.

• Reducir los gastos destinados a campañas y a partidos políticos. Disminución de regidores en gobiernos municipales. Evitar el excesivo uso de estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. Tanto los consejeros como los magistrados de organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se reducirá del 40 al 30 por ciento, del padrón electoral, de participantes de consultas populares y en la revocación del mandato para hacerlas vinculantes.

• Jueces, magistrados y ministros del poder judicial serán electos de manera directa por el pueblo.

• La Guardia Nacional formará parte de la secretaría de la Defensa Nacional.

• Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar, con mayor claridad y contundencia, en el artículo 127 constitucional el principio de que ningún servidor público de los tres poderes puede ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República.

• Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.

El presidente dejó claro que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y a las leyes, ya que también es importante el cambio de mentalidad del pueblo. En clara alusión a la revolución de las conciencias afirmó: (la) hemos conseguido entre todos desde abajo… hay que evitar cualquier retroceso en el futuro… hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social.

El fin último es reencauzar … la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia como lo demandaron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Las iniciativas presentadas contrastan con aquellas aprobadas por el neoliberalismo … cuando jamás en los treinta y seis años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo… sino fundamentalmente a una minoría.